{"id":688,"date":"2026-11-09T19:55:26","date_gmt":"2026-11-09T19:55:26","guid":{"rendered":"https:\/\/camcap.cl\/segpri\/?p=688"},"modified":"2026-11-09T19:57:26","modified_gmt":"2026-11-09T19:57:26","slug":"seguridad-privada-en-chile-marco-legislativo-institucionalidad-y-analisis-comparado-a-nivel-latinoamericano","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/camcap.cl\/segpri\/seguridad-privada-en-chile-marco-legislativo-institucionalidad-y-analisis-comparado-a-nivel-latinoamericano\/","title":{"rendered":"Seguridad privada en Chile: marco legislativo, institucionalidad y an\u00e1lisis comparado a nivel latinoamericano"},"content":{"rendered":"
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<\/h1>\n

<\/p>\n

\n
\"Gonzalo<\/div>\n
\n

Autor<\/p>\n

Gonzalo Luna Negrete<\/h3>\n

Administrador P\u00fablico, Magister en Ciencia Pol\u00edtica. Universidad de Chile.
\nDoctorado en Humanidades y Estudios Sociales de Am\u00e9rica Latina.
\nUniversidad de Alicante, Espa\u00f1a.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Resumen<\/h2>\n

La seguridad privada se ha convertido en un componente relevante de los sistemas de prevenci\u00f3n del delito y protecci\u00f3n de personas, bienes e infraestructuras en Am\u00e9rica Latina. Su expansi\u00f3n se relaciona con la percepci\u00f3n de inseguridad, la demanda de protecci\u00f3n de hogares y empresas, la urbanizaci\u00f3n, la protecci\u00f3n de instalaciones estrat\u00e9gicas.<\/p>\n

Los estados se han visto inmersos en el desaf\u00edo de hacer frente a las limitaciones de las capacidades estatales para responder de manera integral a los problemas de seguridad, planteando una serie de desaf\u00edos para la administraci\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n

En el caso chileno, la promulgaci\u00f3n de la Ley N.\u00ba 21.659 sobre Seguridad Privada ha representado una transformaci\u00f3n importante del marco regulatorio, al establecer nuevas exigencias para las entidades obligadas, las empresas de seguridad privada y los actores que desarrollan actividades de vigilancia y protecci\u00f3n.<\/p>\n

El presente art\u00edculo analiza el marco legislativo e institucional chileno a partir de un an\u00e1lisis comparativo con los modelos jur\u00eddicos de Colombia, M\u00e9xico y Per\u00fa. A partir de una perspectiva de gobernanza de la seguridad, se sostiene que la calidad de la regulaci\u00f3n no depende exclusivamente de la existencia de normas legales, sino tambi\u00e9n de la capacidad del Estado para fiscalizar su cumplimiento, profesionalizar a los actores, asegurando que la provisi\u00f3n privada de servicios de seguridad opere bajo principios de legalidad, proporcionalidad y responsabilidad p\u00fablica.<\/p>\n

Palabras clave:<\/strong> seguridad privada; seguridad p\u00fablica; gobernanza; pol\u00edticas p\u00fablicas; Am\u00e9rica Latina.<\/p>\n

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1. Introducci\u00f3n<\/h2>\n

La seguridad constituye una de las funciones fundamentales del Estado moderno y una condici\u00f3n necesaria para el ejercicio de los derechos, el funcionamiento de las instituciones democr\u00e1ticas y el desarrollo de las actividades econ\u00f3micas y sociales. Su provisi\u00f3n ha estado tradicionalmente ligada a las instituciones p\u00fablicas encargadas de la prevenci\u00f3n del delito, el mantenimiento del orden p\u00fablico y la persecuci\u00f3n penal. Sin embargo, las \u00faltimas d\u00e9cadas han sido testigos de la expansi\u00f3n de los servicios privados de vigilancia, los cuales han adquirido una importancia relevante para la seguridad en las sociedades contempor\u00e1neas.<\/p>\n

En Am\u00e9rica Latina, este proceso ha adquirido una especial relevancia debido a la combinaci\u00f3n de elevados niveles de preocupaci\u00f3n ciudadana por la delincuencia, desigualdades socioecon\u00f3micas, transformaciones urbanas y una creciente demanda de protecci\u00f3n por parte de empresas, instituciones financieras, centros comerciales, establecimientos educacionales, instalaciones industriales y comunidades residenciales.<\/p>\n

La seguridad privada comprende un conjunto heterog\u00e9neo de actividades: vigilancia de instalaciones, protecci\u00f3n de personas, transporte de valores, monitoreo mediante sistemas tecnol\u00f3gicos, control de accesos, asesor\u00eda en seguridad y otras prestaciones preventivas. Aunque estas funciones pueden contribuir a reducir determinadas vulnerabilidades, tambi\u00e9n plantean problemas relacionados con el uso de la fuerza, la protecci\u00f3n de datos personales, la responsabilidad por actuaciones il\u00edcitas, las condiciones laborales y la delimitaci\u00f3n de las competencias entre agentes p\u00fablicos y privados.<\/p>\n

La expansi\u00f3n de la seguridad privada nos invita a reconsiderar la relaci\u00f3n entre Estado, mercado y sociedad en la provisi\u00f3n de seguridad. La participaci\u00f3n de actores privados puede representar una reorganizaci\u00f3n y una oportunidad de las funciones de protecci\u00f3n. No obstante, dicha participaci\u00f3n requiere capacidades p\u00fablicas para establecer reglas, supervisar conductas, sancionar infracciones y garant\u00edas para su funcionamiento.<\/p>\n

Estas perspectivas resultan pertinentes para estudiar la realidad chilena, especialmente a partir de la modernizaci\u00f3n de su marco normativo mediante la Ley N.\u00ba 21.659 sobre Seguridad Privada, publicada en 2024 y con entrada en vigor en 2025.<\/p>\n

La pregunta central que orienta este art\u00edculo es la siguiente: \u00bfEn qu\u00e9 medida el marco legislativo e institucional chileno permite regular eficazmente la seguridad privada y qu\u00e9 aprendizajes pueden obtenerse de las experiencias a nivel latinoamericano?<\/p>\n

El objetivo general es analizar comparativamente los sistemas de regulaci\u00f3n de la seguridad privada en estos pa\u00edses, identificando fortalezas, debilidades y desaf\u00edos para el desarrollo de un modelo de gobernanza. El art\u00edculo adopta una metodolog\u00eda cualitativa de an\u00e1lisis documental y comparaci\u00f3n institucional.<\/p>\n

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2. Marco te\u00f3rico: seguridad privada y gobernanza de la seguridad<\/h2>\n

2.1. De la concepci\u00f3n estatal de la seguridad a su gobernanza plural<\/h3>\n

Desde una perspectiva tradicional, el Estado se ha constituido, dada su naturaleza y funciones, como el principal responsable de garantizar el orden p\u00fablico, proteger los derechos fundamentales y ejercer leg\u00edtimamente las atribuciones coercitivas. Sin embargo, la creciente participaci\u00f3n de empresas privadas en actividades de vigilancia y protecci\u00f3n ha complejizado y transformado esta concepci\u00f3n.<\/p>\n

En este sentido, autores como Bayley y Shearing (1996) sostienen que las transformaciones de la seguridad deben comprenderse atendiendo a la diversificaci\u00f3n de los actores que participan en su producci\u00f3n, superando una visi\u00f3n exclusivamente centrada en las polic\u00edas estatales. Autores como Shearing y Wood (2003) han profundizado en la idea de una gobernanza de la seguridad en la que intervienen organizaciones p\u00fablicas, empresas privadas y otros actores sociales.<\/p>\n

No obstante, la ampliaci\u00f3n del n\u00famero de actores no significa que todas las responsabilidades puedan distribuirse indistintamente. El Estado conserva obligaciones fundamentales en materia de protecci\u00f3n de derechos, regulaci\u00f3n del uso de la fuerza, investigaci\u00f3n de delitos y control de las actividades privadas.<\/p>\n

Para Shearing y Wood (2003) se hace fundamental la conformaci\u00f3n de una mirada integral de la seguridad, la cual permita examinar c\u00f3mo diferentes organizaciones coordinan sus actuaciones en espacios sociales concretos. Desde esta perspectiva, el desaf\u00edo consiste en comprender c\u00f3mo se distribuyen las responsabilidades, qui\u00e9n establece las reglas y qu\u00e9 mecanismos permiten controlar a quienes participan en la provisi\u00f3n de seguridad por parte de sus distintos actores tanto p\u00fablico como privados.<\/p>\n

2.2. La seguridad privada en Chile: evoluci\u00f3n normativa y marco institucional<\/h3>\n

Durante d\u00e9cadas, la regulaci\u00f3n chilena de la seguridad privada se estructur\u00f3 a partir de normas que abordaban diferentes aspectos de la actividad. Entre ellas destacaban el Decreto Ley N.\u00ba 3.607, de 1981, relativo a los vigilantes privados, y la Ley N.\u00ba 19.303, de 1994, sobre obligaciones de determinadas entidades en materia de seguridad de las personas. Este modelo permiti\u00f3 establecer mecanismos de autorizaci\u00f3n, supervisi\u00f3n y control, pero mantuvo un marco normativo fragmentado frente a la diversificaci\u00f3n de las actividades de seguridad privada y la incorporaci\u00f3n de nuevas tecnolog\u00edas.<\/p>\n

La transformaci\u00f3n del sector ha hecho necesario abordar de manera m\u00e1s integral las condiciones de funcionamiento de las empresas, la formaci\u00f3n de sus trabajadores, las obligaciones de determinadas entidades y la coordinaci\u00f3n con los organismos de car\u00e1cter estatal.<\/p>\n

En este contexto se promulg\u00f3 la Ley N.\u00ba 21.659, sobre Seguridad Privada, publicada en el Diario Oficial el 21 de marzo de 2024. La norma establece un r\u00e9gimen jur\u00eddico org\u00e1nico para las actividades de seguridad privada y las define como acciones preventivas, coadyuvantes y complementarias de la seguridad p\u00fablica. Esta nueva legislaci\u00f3n representa un cambio conceptual importante: la seguridad privada deja de abordarse exclusivamente desde la perspectiva de la vigilancia de instalaciones y pasa a comprenderse como un conjunto m\u00e1s amplio de actividades sometidas a regulaci\u00f3n p\u00fablica, a la par de las nuevas demandas asociadas a su prestaci\u00f3n y al actual contexto social e institucional del pa\u00eds.<\/p>\n

Entre los aspectos centrales del nuevo marco se encuentran la regulaci\u00f3n de las empresas y personas que prestan servicios de seguridad privada, la definici\u00f3n de las obligaciones para determinadas entidades p\u00fablicas y privadas, la regulaci\u00f3n de las actividades de vigilancia y protecci\u00f3n, entre otros \u00e1mbitos. La importancia de esta reforma radica en que establece un marco general para ordenar un sector que participa en la protecci\u00f3n de personas, bienes y procesos productivos.<\/p>\n

La Ley N.\u00ba 21.659 asigna al ministerio encargado de la seguridad p\u00fablica, por medio de la Subsecretar\u00eda de Prevenci\u00f3n del Delito, un papel rector en materia de seguridad privada. Su art\u00edculo 81 establece competencias de autorizaci\u00f3n, regulaci\u00f3n, supervisi\u00f3n, control y fiscalizaci\u00f3n, mientras que las autoridades fiscalizadoras colaboran en la aplicaci\u00f3n de las disposiciones legales y de las instrucciones impartidas por este \u00f3rgano rector. Su dise\u00f1o institucional distingue entre la conducci\u00f3n regulatoria y las funciones de fiscalizaci\u00f3n que realizan las autoridades competentes.<\/p>\n

La existencia de una autoridad rectora ofrece ventajas para la coherencia de las pol\u00edticas p\u00fablicas. Sin embargo, tambi\u00e9n exige una coordinaci\u00f3n adecuada con los organismos encargados de fiscalizar, las instituciones policiales y los dem\u00e1s actores que participan en la prevenci\u00f3n del delito.<\/p>\n

La implementaci\u00f3n de este marco normativo busca la calidad de la seguridad privada y su profesionalizaci\u00f3n, esto es, la gesti\u00f3n de conocimientos jur\u00eddicos, prevenci\u00f3n de riesgos, comunicaci\u00f3n, resoluci\u00f3n de conflictos, derechos fundamentales y procedimientos de actuaci\u00f3n ante incidentes.<\/p>\n

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3. An\u00e1lisis comparado de los modelos latinoamericanos<\/h2>\n

La comparaci\u00f3n de Chile con otros pa\u00edses latinoamericanos permite identificar distintas formas de organizar la supervisi\u00f3n estatal de la seguridad privada y c\u00f3mo esta ha sido regularizada y estructurada a nivel continental.<\/p>\n

Se han considerado cuatro experiencias: Colombia, M\u00e9xico y Per\u00fa. La selecci\u00f3n responde a la existencia de marcos normativos nacionales identificables y a las diferencias en la organizaci\u00f3n de sus propias autoridades reguladoras, siendo su objetivo identificar mecanismos institucionales que puedan contribuir al an\u00e1lisis del sistema chileno.<\/p>\n

3.1. Colombia.<\/h3>\n

Colombia cuenta con el Decreto Ley N.\u00ba 356 de 1994, que establece el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada. Esta normativa constituye una de las bases del sistema colombiano y regula la prestaci\u00f3n de servicios privados de vigilancia y seguridad.<\/p>\n

Una caracter\u00edstica destacada del modelo colombiano es la existencia de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, organismo especializado en la supervisi\u00f3n de las actividades reguladas. Esta especializaci\u00f3n permite concentrar conocimientos t\u00e9cnicos, procedimientos administrativos y capacidades de inspecci\u00f3n en una autoridad sectorial.<\/p>\n

Desde la perspectiva de la administraci\u00f3n p\u00fablica, el modelo ofrece una referencia para analizar las ventajas de contar con organismos que desarrollen experiencia regulatoria espec\u00edfica y procedimientos sistem\u00e1ticos de supervisi\u00f3n.<\/p>\n

Bajo este respecto, la experiencia colombiana permite examinar la importancia de la especializaci\u00f3n t\u00e9cnica y de la concentraci\u00f3n de capacidades de supervisi\u00f3n. La cuesti\u00f3n central es determinar qu\u00e9 funciones conviene centralizar y cu\u00e1les requieren una ejecuci\u00f3n territorial coordinada.<\/p>\n

3.2. M\u00e9xico.<\/h3>\n

M\u00e9xico cuenta con una Ley Federal de Seguridad Privada que establece disposiciones para regular los servicios de seguridad privada dentro del \u00e1mbito de competencia federal. La legislaci\u00f3n federal convive con marcos regulatorios estatales, lo que obliga a distinguir entre los servicios sujetos a autorizaci\u00f3n federal y aquellos regulados por las entidades federativas, lo cual le diferencia del caso chileno, dado su car\u00e1cter unitario y presidencialista de nuestro sistema pol\u00edtico e institucional.<\/p>\n

Bajo este marco, la Secretar\u00eda de Seguridad y Protecci\u00f3n Ciudadana se constituye en el referente institucional relevante en el \u00e1mbito federal, y el marco normativo debe consultarse junto con las disposiciones estatales aplicables a cada actividad relativa a la seguridad.<\/p>\n

El an\u00e1lisis del caso mexicano permite identificar cuatro cuestiones relevantes: La importancia de delimitar claramente las competencias entre niveles de gobierno, la necesidad de compatibilizar registros y procedimientos, la conveniencia de establecer est\u00e1ndares m\u00ednimos comunes, y finalmente la relevancia de disponer de informaci\u00f3n interoperable para supervisar a las empresas. Bajo este respecto, si bien en un contexto pol\u00edtico diferente al chileno, permite se\u00f1alar que la importancia de generar elementos de coordinaci\u00f3n institucional resulta, por tanto, tan importante como la arquitectura formal del sistema.<\/p>\n

3.3 Per\u00fa.<\/h3>\n

El marco jur\u00eddico fundamental que regula los servicios de seguridad privada en el Per\u00fa, es el Decreto Legislativo N.\u00ba 1213 y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N.\u00ba 005-2023-IN. Este marco establece disposiciones sobre la prestaci\u00f3n de servicios de seguridad privada y contempla procedimientos de supervisi\u00f3n y sanci\u00f3n dentro del \u00e1mbito de competencia de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, conocida como SUCAMEC.<\/p>\n

Este \u00f3rgano representa un modelo de supervisi\u00f3n especializada que re\u00fane competencias relacionadas con los servicios de seguridad privada y otras materias de control de armas y materiales regulados. Sin embargo, la amplitud de las competencias institucionales tambi\u00e9n exige evaluar la distribuci\u00f3n de recursos, la especializaci\u00f3n t\u00e9cnica y la capacidad de respuesta ante las necesidades particulares del sector.<\/p>\n

El caso peruano, muestra que la regulaci\u00f3n debe buscar un equilibrio entre control y proporcionalidad: los requisitos administrativos han de ser suficientes para prevenir riesgos, pero no deben generar cargas injustificadas o contrarias al ordenamiento jur\u00eddico. Una regulaci\u00f3n eficaz no es aquella que acumula m\u00e1s requisitos, sino aquella que establece exigencias justificadas, verificables y proporcionales a los riesgos.<\/p>\n

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4. Hallazgos y an\u00e1lisis de los casos latinoamericanos: hacia la conformaci\u00f3n de un modelo de gobernanza de la seguridad privada en Chile<\/h2>\n

Los resultados de la comparaci\u00f3n con los casos de an\u00e1lisis desarrollados en el presente art\u00edculo permiten sostener que Chile enfrenta un desaf\u00edo que va m\u00e1s all\u00e1 de la actualizaci\u00f3n de su legislaci\u00f3n: la necesidad de conformar y consolidar un modelo de gobernanza que articule la regulaci\u00f3n estatal y la prestaci\u00f3n privada de servicios.<\/p>\n

A partir de los casos estudiados, se identifican cinco desaf\u00edos estrat\u00e9gicos.<\/p>\n

4.1. Fortalecer la capacidad de regulaci\u00f3n.<\/h3>\n

La primera prioridad consiste en consolidar las capacidades administrativas de la autoridad rectora. Lo anterior implica disponer de equipos especializados, procedimientos estandarizados, informaci\u00f3n actualizada y mecanismos de seguimiento de las empresas y los servicios autorizados. La experiencia colombiana permite examinar la utilidad de concentrar conocimientos t\u00e9cnicos en una instituci\u00f3n especializada, mientras que el caso de Per\u00fa muestra la importancia de desarrollar procedimientos administrativos claros para implementar y hacer cumplir las normas.<\/p>\n

Para Chile, el desaf\u00edo es fortalecer la capacidad de la Subsecretar\u00eda de Prevenci\u00f3n del Delito y articular adecuadamente su funci\u00f3n rectora con las autoridades fiscalizadoras, lo cual supone reconocer que la regulaci\u00f3n es una funci\u00f3n permanente del Estado y no una actividad que concluye con la aprobaci\u00f3n de una ley.<\/p>\n

4.2. Desarrollar un sistema integrado de informaci\u00f3n.<\/h3>\n

Una segunda prioridad consiste en mejorar la informaci\u00f3n disponible sobre el sector de seguridad. Lo anterior requiere conocer, al menos, cu\u00e1ntas empresas operan, qu\u00e9 servicios prestan, d\u00f3nde desarrollan sus actividades, qu\u00e9 autorizaciones poseen y cu\u00e1les son sus antecedentes de cumplimiento normativo.<\/p>\n

La disponibilidad de informaci\u00f3n interoperable puede facilitar la identificaci\u00f3n de irregularidades, la planificaci\u00f3n de inspecciones y la evaluaci\u00f3n de los resultados de la pol\u00edtica regulatoria por parte de los \u00f3rganos competentes.<\/p>\n

Se propone avanzar hacia un sistema integrado que permita generar un registro actualizado de empresas y prestadores autorizados, respetando a su vez las normas de protecci\u00f3n de datos personales, confidencialidad y seguridad de la informaci\u00f3n.<\/p>\n

4.3. Profundizar la profesionalizaci\u00f3n del sector.<\/h3>\n

Finalmente, un tercer desaf\u00edo se relaciona con la formaci\u00f3n y el desempe\u00f1o profesional. La capacitaci\u00f3n de los guardias y vigilantes debe incorporar competencias t\u00e9cnicas, pero tambi\u00e9n una comprensi\u00f3n clara de sus \u00e1mbitos de acci\u00f3n, su legislaci\u00f3n aplicable, l\u00edmites de la actuaci\u00f3n y procedimientos de comunicaci\u00f3n con las polic\u00edas.<\/p>\n

La identificaci\u00f3n de vulnerabilidades, prevenci\u00f3n de incidentes, protecci\u00f3n de instalaciones y elaboraci\u00f3n de procedimientos de seguridad, permitir\u00e1n la promoci\u00f3n de una cultura institucional de responsabilidad y coordinaci\u00f3n entre lo p\u00fablico y lo privado.<\/p>\n

<\/p>\n

Conclusiones<\/h2>\n

El an\u00e1lisis de la seguridad privada en Chile y su comparaci\u00f3n con Colombia, M\u00e9xico y Per\u00fa permite establecer que la regulaci\u00f3n de este sector constituye un desaf\u00edo relevante para la administraci\u00f3n p\u00fablica contempor\u00e1nea. La progresiva y creciente expansi\u00f3n de los servicios privados de vigilancia y protecci\u00f3n refleja transformaciones en la organizaci\u00f3n de la seguridad. El Estado ya no es el \u00fanico actor que participa directamente en su producci\u00f3n, aunque conserva responsabilidades fundamentales en materia de regulaci\u00f3n, protecci\u00f3n de derechos y garant\u00eda del orden p\u00fablico.<\/p>\n

Desde esta perspectiva, la seguridad privada debe entenderse como una actividad complementaria de la seguridad p\u00fablica, sometida a l\u00edmites legales y mecanismos de supervisi\u00f3n estatal.<\/p>\n

En Chile, la Ley N.\u00ba 21.659 representa un avance significativo en la sistematizaci\u00f3n del marco jur\u00eddico. Su importancia radica en establecer una regulaci\u00f3n org\u00e1nica y fortalecer la rector\u00eda p\u00fablica sobre las actividades de seguridad privada. Sin embargo, la existencia de un marco legal actualizado no garantiza autom\u00e1ticamente una fiscalizaci\u00f3n eficaz. La implementaci\u00f3n requiere capacidades administrativas, procedimientos claros, formaci\u00f3n profesional y sistemas de informaci\u00f3n que permitan verificar el cumplimiento de las obligaciones.<\/p>\n

La comparaci\u00f3n latinoamericana ofrece aprendizajes referidos a la necesidad de fortalecer la especializaci\u00f3n de la supervisi\u00f3n sectorial; los desaf\u00edos de coordinaci\u00f3n entre autoridades as\u00ed como la relaci\u00f3n entre fiscalizaci\u00f3n, potestad sancionadora y proporcionalidad administrativa. Estas experiencias no deben trasladarse mec\u00e1nicamente al caso chileno. Las diferencias institucionales, territoriales y normativas obligan a considerar las condiciones espec\u00edficas en las que cada sistema funciona.<\/p>\n

Finalmente, este an\u00e1lisis comparativo debe llevarnos a concluir que la eficacia de la seguridad privada depende de la capacidad del Estado para gobernar, supervisar y evaluar la actividad, y no solamente de la existencia de empresas autorizadas o de una legislaci\u00f3n moderna.<\/p>\n

En consecuencia, Chile deber\u00eda avanzar hacia un modelo de gobernanza que combine regulaci\u00f3n basada en riesgos, fiscalizaci\u00f3n efectiva, profesionalizaci\u00f3n y evaluaci\u00f3n permanente de los resultados.<\/p>\n

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Referencias bibliogr\u00e1ficas<\/h2>\n
    \n
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  • Shearing, C. D. y Wood, J. (2003) \u2018Nodal governance, democracy, and the new \u201cdenizens\u201d\u2019, Journal of Law and Society<\/em>, 30(3), pp. 400\u2013419.<\/li>\n
  • Zedner, L. (2009) Security<\/em>. London: Routledge.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    Autor Gonzalo Luna Negrete Administrador P\u00fablico, Magister en Ciencia Pol\u00edtica. Universidad de Chile. Doctorado en Humanidades y Estudios Sociales de Am\u00e9rica Latina. Universidad de Alicante, Espa\u00f1a. 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