Seguridad privada y administración pública chilena: evolución histórica, retroalimentación y desafíos presentes y futuros.

Autor

Gonzalo Luna Negrete

Administrador Público, Magister en Ciencia Política. Universidad de Chile.
Doctorado en Humanidades y Estudios Sociales de América Latina. Universidad de Alicante, España.

Resumen

En Chile, la seguridad ha transitado desde un modelo centrado en el monopolio estatal hacia una configuración híbrida en la que convergen actores públicos y privados. El presente artículo busca analizar el proceso de la evolución histórica de la seguridad privada en relación con la administración pública chilena, identificando sus principales hitos, tensiones y desafíos presentes y futuros. Asimismo, se analizan el conjunto de dinámicas de retroalimentación e interacción entre ambos sectores, destacando cómo estas han permitido reconfigurar los procesos de gobernanza de la seguridad en el país. Finalmente, se plantean desafíos normativos, institucionales y políticos que emergen en este escenario, especialmente en torno a la equidad, la legitimidad y la capacidad regulatoria del Estado y la autonomía de gestión de la seguridad privada.

Evolución histórica de la seguridad en Chile

El concepto y la gestión de la seguridad constituye uno de los pilares fundamentales del Estado moderno, tradicionalmente concebida como un bien público cuya provisión corresponde de manera exclusiva a las instituciones estatales. En el caso chileno, esta función ha sido históricamente desempeñada por organismos como Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile, bajo una lógica centralizada y jerárquica. Sin embargo, las transformaciones económicas, sociales y políticas experimentadas desde fines del siglo XX han propiciado la emergencia y consolidación de la seguridad privada como un actor relevante en su provisión.

Este proceso se inscribe en un contexto más amplio de transformación del Estado, caracterizado por la externalización de funciones, la incorporación de mecanismos de mercado y la creciente participación de actores no estatales en la gestión de los bienes públicos. En este marco, la relación entre seguridad privada y administración pública en Chile no solo plantea interrogantes sobre su eficiencia y cobertura.

Durante gran parte del siglo XX, Chile desarrolló un modelo de seguridad fuertemente estatalizado, coherente con la concepción clásica del Estado como detentor del monopolio legítimo de la fuerza. La institucionalidad policial se consolidó como el principal instrumento de control del orden público y prevención del delito.

No obstante, a partir de la década de los setenta y los ochenta, en el contexto de las reformas estructurales orientadas al mercado, se produce una progresiva apertura hacia la participación del sector privado en diversas áreas, incluida la seguridad. Este proceso respondió tanto a decisiones políticas como a cambios en la estructura social, tales como el crecimiento urbano, la diversificación de espacios de consumo y la percepción creciente de inseguridad por parte de la población.

La expansión de la seguridad privada se intensificó durante las décadas siguientes, particularmente en sectores como el comercio y los servicios. En paralelo, el Estado democrático optó por no revertir esta tendencia, sino más bien por regularla e incorporarla como un componente complementario del sistema de seguridad pública. Así, instituciones como la Subsecretaría de Prevención del Delito han desempeñado un rol clave en la articulación de políticas que integran a actores públicos y privados bajo un enfoque preventivo.

Concepto de Seguridad privada y administración pública: una relación de interdependencia

La seguridad privada y la administración pública en Chile han desarrollado una relación de creciente interdependencia. Esta se expresa en diversas dimensiones.

En primer lugar, existe una complementariedad operativa. La seguridad privada a asumido un conjunto de funciones de vigilancia en espacios específicos, permitiendo que las fuerzas policiales concentren sus recursos en tareas de mayor complejidad, como la investigación criminal y el control del orden público, el narcotráfico entre otros.

En segundo lugar, se observa una paulatina transferencia de información considerada relevante para la prevención del delito. Las empresas de seguridad privada, al operar en territorios específicos, generan datos que pueden ser útiles para la toma de decisiones en el ámbito público.

Finalmente, se ha producido una externalización de funciones por parte del Estado, especialmente a nivel municipal. La contratación de servicios privados de vigilancia se ha convertido en una práctica habitual en gobiernos locales, configurando nuevas formas de gestión pública que combinan recursos estatales y privados.

Desafíos presentes y futuros

El escenario actual plantea una serie de desafíos para la administración pública chilena y la seguridad privada.

Uno de los principales desafíos es la construcción de un marco regulatorio integral. La normativa vigente presenta vacíos y fragmentaciones que dificultan una supervisión efectiva del sector, lo que puede derivar en prácticas heterogéneas y, en algunos casos, problemáticas.

Asimismo, la gobernanza del sistema de seguridad requiere una mayor articulación entre los niveles de gobierno. La participación de actores municipales, regionales y nacionales demanda por tanto la conformación de mecanismos de coordinación que permitan una acción coherente y eficaz.

Finalmente, otro aspecto relevante es la participación de los actores privados en funciones sensibles, como la vigilancia y el control, lo cual plantea nuevos desafíos regulatorios, así como en aspectos tales como la innovación tecnológica. El uso de herramientas como la videovigilancia avanzada, el análisis de datos y la inteligencia artificial redefine las capacidades de control y prevención del delito así como en el ámbito de la privacidad y uso de la información.

Conclusiones

La evolución de la seguridad en Chile refleja un proceso más amplio de transformación del Estado, en el que la distinción entre lo público y lo privado se vuelve cada vez más difusa. La seguridad privada ha pasado a constituirse en un componente estructural del sistema de seguridad, generando relaciones complejas de colaboración, dependencia y tensión con la administración pública.

En este contexto, el desafío La evolución de la seguridad en Chile refleja, en efecto, una transformación estructural del Estado contemporáneo, en la cual la clásica distinción entre lo público y lo privado se torna progresivamente porosa. En este escenario, la seguridad privada ha dejado de ser un actor periférico para consolidarse como un componente estructural del sistema, operando en múltiples escalas territoriales y sectoriales, e incidiendo directamente en la experiencia cotidiana de seguridad de la población.

Esta transformación implica reconocer que la seguridad ya no es producida exclusivamente por instituciones como Carabineros de Chile o la Policía de Investigaciones de Chile, sino que emerge de una constelación de actores que incluyen empresas privadas, gobiernos locales, comunidades organizadas y dispositivos tecnológicos. En consecuencia, la administración pública enfrenta el desafío de gobernar esta pluralidad, lo que supone transitar desde un modelo jerárquico de control hacia uno basado en la coordinación, la regulación inteligente y la construcción de capacidades institucionales adaptativas.

En este contexto, sostener que el desafío no radica en revertir la participación privada implica asumir una perspectiva realista y pragmática sobre el funcionamiento del sistema de seguridad. La evidencia comparada muestra que los intentos de recentralización exclusiva en el Estado no solo son difíciles de implementar, sino que pueden resultar ineficientes frente a la complejidad de las demandas contemporáneas. Sin embargo, aceptar la presencia estructural de la seguridad privada no equivale a renunciar al rol rector del Estado; por el contrario, lo redefine y lo vuelve aún más exigente.

Se hace necesario desarrollar mecanismos robustos de coordinación interinstitucional. La seguridad, en tanto problema público complejo, trasciende las competencias de un solo organismo y demanda la articulación de distintos niveles de gobierno, incluyendo el rol creciente de los municipios. En este sentido, instancias como la Subsecretaría de Prevención del Delito adquieren relevancia estratégica como espacios de integración de políticas, intercambio de información y diseño de estrategias preventivas que incorporen tanto a actores públicos como privados.

La creciente incorporación de tecnologías de vigilancia y análisis de datos redefine las capacidades tanto del sector público como del privado, abriendo nuevas oportunidades y desafíos. La gobernanza de estas tecnologías exige una regulación anticipatoria que aborde cuestiones como la privacidad, el sesgo algorítmico y el uso indebido de la información, evitando que la innovación tecnológica profundice desigualdades o erosione libertades civiles.

En síntesis, la retroalimentación entre seguridad privada y administración pública en Chile no es un fenómeno coyuntural, sino una característica estructural del modelo contemporáneo de gobernanza de la seguridad. Su potencial puede ser virtuoso en la medida en que exista un Estado capaz de orientar, regular y coordinar esta interacción en función del interés general. El desafío, por tanto, no es menor: se trata de construir un equilibrio dinámico entre eficiencia, control democrático y justicia social en la provisión de uno de los bienes más esenciales para la vida en común como es el de la seguridad.

Referencias bibliográficas

• Bayley, D. H. & Shearing, C. D. (2001). The New Structure of Policing: Description, Conceptualization and Research Agenda. Washington D.C.: National Institute of Justice.
• Button, M. (2002). Private Policing. Cullompton: Willan Publishing.
• Crawford, A. (2006). Policing and Security as “Club Goods”: The New Enclosures? En Wood, J. & Dupont, B. (eds.), Democracy, Society and the Governance of Security. Cambridge: Cambridge University Press.
• Garland, D. (2001). The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society. Chicago: University of Chicago Press.
• Jones, T. & Newburn, T. (2006). Plural Policing: A Comparative Perspective. London: Routledge.
• Loader, I. & Walker, N. (2007). Civilizing Security. Cambridge: Cambridge University Press.
• Ministerio del Interior y Seguridad Pública (Chile) (2024). Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024–2030. Santiago: Gobierno de Chile.
• Ministerio del Interior y Seguridad Pública (Chile) (2024). Plan de Acción 2024–2030 de la Estrategia Nacional de Drogas. Santiago: SENDA.
• Shearing, C. & Stenning, P. (1981). Modern private security: Its growth and implications. Crime and Justice, 3, 193–245.
• Sozzo, M. (2016). Postneoliberalismo y penalidad en América del Sur. Buenos Aires: CLACSO.
• Tonry, M. (2010). The Handbook of Crime and Punishment. Oxford: Oxford University Press.