Autor

Gonzalo Luna Negrete

Administrador Público, Magister en Ciencia Política. Universidad de Chile.
Doctorado en Humanidades y Estudios Sociales de América Latina.
Universidad de Alicante, España.

Resumen

La seguridad privada se ha convertido en un componente relevante de los sistemas de prevención del delito y protección de personas, bienes e infraestructuras en América Latina. Su expansión se relaciona con la percepción de inseguridad, la demanda de protección de hogares y empresas, la urbanización, la protección de instalaciones estratégicas.

Los estados se han visto inmersos en el desafío de hacer frente a las limitaciones de las capacidades estatales para responder de manera integral a los problemas de seguridad, planteando una serie de desafíos para la administración pública.

En el caso chileno, la promulgación de la Ley N.º 21.659 sobre Seguridad Privada ha representado una transformación importante del marco regulatorio, al establecer nuevas exigencias para las entidades obligadas, las empresas de seguridad privada y los actores que desarrollan actividades de vigilancia y protección.

El presente artículo analiza el marco legislativo e institucional chileno a partir de un análisis comparativo con los modelos jurídicos de Colombia, México y Perú. A partir de una perspectiva de gobernanza de la seguridad, se sostiene que la calidad de la regulación no depende exclusivamente de la existencia de normas legales, sino también de la capacidad del Estado para fiscalizar su cumplimiento, profesionalizar a los actores, asegurando que la provisión privada de servicios de seguridad opere bajo principios de legalidad, proporcionalidad y responsabilidad pública.

Palabras clave: seguridad privada; seguridad pública; gobernanza; políticas públicas; América Latina.

1. Introducción

La seguridad constituye una de las funciones fundamentales del Estado moderno y una condición necesaria para el ejercicio de los derechos, el funcionamiento de las instituciones democráticas y el desarrollo de las actividades económicas y sociales. Su provisión ha estado tradicionalmente ligada a las instituciones públicas encargadas de la prevención del delito, el mantenimiento del orden público y la persecución penal. Sin embargo, las últimas décadas han sido testigos de la expansión de los servicios privados de vigilancia, los cuales han adquirido una importancia relevante para la seguridad en las sociedades contemporáneas.

En América Latina, este proceso ha adquirido una especial relevancia debido a la combinación de elevados niveles de preocupación ciudadana por la delincuencia, desigualdades socioeconómicas, transformaciones urbanas y una creciente demanda de protección por parte de empresas, instituciones financieras, centros comerciales, establecimientos educacionales, instalaciones industriales y comunidades residenciales.

La seguridad privada comprende un conjunto heterogéneo de actividades: vigilancia de instalaciones, protección de personas, transporte de valores, monitoreo mediante sistemas tecnológicos, control de accesos, asesoría en seguridad y otras prestaciones preventivas. Aunque estas funciones pueden contribuir a reducir determinadas vulnerabilidades, también plantean problemas relacionados con el uso de la fuerza, la protección de datos personales, la responsabilidad por actuaciones ilícitas, las condiciones laborales y la delimitación de las competencias entre agentes públicos y privados.

La expansión de la seguridad privada nos invita a reconsiderar la relación entre Estado, mercado y sociedad en la provisión de seguridad. La participación de actores privados puede representar una reorganización y una oportunidad de las funciones de protección. No obstante, dicha participación requiere capacidades públicas para establecer reglas, supervisar conductas, sancionar infracciones y garantías para su funcionamiento.

Estas perspectivas resultan pertinentes para estudiar la realidad chilena, especialmente a partir de la modernización de su marco normativo mediante la Ley N.º 21.659 sobre Seguridad Privada, publicada en 2024 y con entrada en vigor en 2025.

La pregunta central que orienta este artículo es la siguiente: ¿En qué medida el marco legislativo e institucional chileno permite regular eficazmente la seguridad privada y qué aprendizajes pueden obtenerse de las experiencias a nivel latinoamericano?

El objetivo general es analizar comparativamente los sistemas de regulación de la seguridad privada en estos países, identificando fortalezas, debilidades y desafíos para el desarrollo de un modelo de gobernanza. El artículo adopta una metodología cualitativa de análisis documental y comparación institucional.

2. Marco teórico: seguridad privada y gobernanza de la seguridad

2.1. De la concepción estatal de la seguridad a su gobernanza plural

Desde una perspectiva tradicional, el Estado se ha constituido, dada su naturaleza y funciones, como el principal responsable de garantizar el orden público, proteger los derechos fundamentales y ejercer legítimamente las atribuciones coercitivas. Sin embargo, la creciente participación de empresas privadas en actividades de vigilancia y protección ha complejizado y transformado esta concepción.

En este sentido, autores como Bayley y Shearing (1996) sostienen que las transformaciones de la seguridad deben comprenderse atendiendo a la diversificación de los actores que participan en su producción, superando una visión exclusivamente centrada en las policías estatales. Autores como Shearing y Wood (2003) han profundizado en la idea de una gobernanza de la seguridad en la que intervienen organizaciones públicas, empresas privadas y otros actores sociales.

No obstante, la ampliación del número de actores no significa que todas las responsabilidades puedan distribuirse indistintamente. El Estado conserva obligaciones fundamentales en materia de protección de derechos, regulación del uso de la fuerza, investigación de delitos y control de las actividades privadas.

Para Shearing y Wood (2003) se hace fundamental la conformación de una mirada integral de la seguridad, la cual permita examinar cómo diferentes organizaciones coordinan sus actuaciones en espacios sociales concretos. Desde esta perspectiva, el desafío consiste en comprender cómo se distribuyen las responsabilidades, quién establece las reglas y qué mecanismos permiten controlar a quienes participan en la provisión de seguridad por parte de sus distintos actores tanto público como privados.

2.2. La seguridad privada en Chile: evolución normativa y marco institucional

Durante décadas, la regulación chilena de la seguridad privada se estructuró a partir de normas que abordaban diferentes aspectos de la actividad. Entre ellas destacaban el Decreto Ley N.º 3.607, de 1981, relativo a los vigilantes privados, y la Ley N.º 19.303, de 1994, sobre obligaciones de determinadas entidades en materia de seguridad de las personas. Este modelo permitió establecer mecanismos de autorización, supervisión y control, pero mantuvo un marco normativo fragmentado frente a la diversificación de las actividades de seguridad privada y la incorporación de nuevas tecnologías.

La transformación del sector ha hecho necesario abordar de manera más integral las condiciones de funcionamiento de las empresas, la formación de sus trabajadores, las obligaciones de determinadas entidades y la coordinación con los organismos de carácter estatal.

En este contexto se promulgó la Ley N.º 21.659, sobre Seguridad Privada, publicada en el Diario Oficial el 21 de marzo de 2024. La norma establece un régimen jurídico orgánico para las actividades de seguridad privada y las define como acciones preventivas, coadyuvantes y complementarias de la seguridad pública. Esta nueva legislación representa un cambio conceptual importante: la seguridad privada deja de abordarse exclusivamente desde la perspectiva de la vigilancia de instalaciones y pasa a comprenderse como un conjunto más amplio de actividades sometidas a regulación pública, a la par de las nuevas demandas asociadas a su prestación y al actual contexto social e institucional del país.

Entre los aspectos centrales del nuevo marco se encuentran la regulación de las empresas y personas que prestan servicios de seguridad privada, la definición de las obligaciones para determinadas entidades públicas y privadas, la regulación de las actividades de vigilancia y protección, entre otros ámbitos. La importancia de esta reforma radica en que establece un marco general para ordenar un sector que participa en la protección de personas, bienes y procesos productivos.

La Ley N.º 21.659 asigna al ministerio encargado de la seguridad pública, por medio de la Subsecretaría de Prevención del Delito, un papel rector en materia de seguridad privada. Su artículo 81 establece competencias de autorización, regulación, supervisión, control y fiscalización, mientras que las autoridades fiscalizadoras colaboran en la aplicación de las disposiciones legales y de las instrucciones impartidas por este órgano rector. Su diseño institucional distingue entre la conducción regulatoria y las funciones de fiscalización que realizan las autoridades competentes.

La existencia de una autoridad rectora ofrece ventajas para la coherencia de las políticas públicas. Sin embargo, también exige una coordinación adecuada con los organismos encargados de fiscalizar, las instituciones policiales y los demás actores que participan en la prevención del delito.

La implementación de este marco normativo busca la calidad de la seguridad privada y su profesionalización, esto es, la gestión de conocimientos jurídicos, prevención de riesgos, comunicación, resolución de conflictos, derechos fundamentales y procedimientos de actuación ante incidentes.

3. Análisis comparado de los modelos latinoamericanos

La comparación de Chile con otros países latinoamericanos permite identificar distintas formas de organizar la supervisión estatal de la seguridad privada y cómo esta ha sido regularizada y estructurada a nivel continental.

Se han considerado cuatro experiencias: Colombia, México y Perú. La selección responde a la existencia de marcos normativos nacionales identificables y a las diferencias en la organización de sus propias autoridades reguladoras, siendo su objetivo identificar mecanismos institucionales que puedan contribuir al análisis del sistema chileno.

3.1. Colombia.

Colombia cuenta con el Decreto Ley N.º 356 de 1994, que establece el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada. Esta normativa constituye una de las bases del sistema colombiano y regula la prestación de servicios privados de vigilancia y seguridad.

Una característica destacada del modelo colombiano es la existencia de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, organismo especializado en la supervisión de las actividades reguladas. Esta especialización permite concentrar conocimientos técnicos, procedimientos administrativos y capacidades de inspección en una autoridad sectorial.

Desde la perspectiva de la administración pública, el modelo ofrece una referencia para analizar las ventajas de contar con organismos que desarrollen experiencia regulatoria específica y procedimientos sistemáticos de supervisión.

Bajo este respecto, la experiencia colombiana permite examinar la importancia de la especialización técnica y de la concentración de capacidades de supervisión. La cuestión central es determinar qué funciones conviene centralizar y cuáles requieren una ejecución territorial coordinada.

3.2. México.

México cuenta con una Ley Federal de Seguridad Privada que establece disposiciones para regular los servicios de seguridad privada dentro del ámbito de competencia federal. La legislación federal convive con marcos regulatorios estatales, lo que obliga a distinguir entre los servicios sujetos a autorización federal y aquellos regulados por las entidades federativas, lo cual le diferencia del caso chileno, dado su carácter unitario y presidencialista de nuestro sistema político e institucional.

Bajo este marco, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se constituye en el referente institucional relevante en el ámbito federal, y el marco normativo debe consultarse junto con las disposiciones estatales aplicables a cada actividad relativa a la seguridad.

El análisis del caso mexicano permite identificar cuatro cuestiones relevantes: La importancia de delimitar claramente las competencias entre niveles de gobierno, la necesidad de compatibilizar registros y procedimientos, la conveniencia de establecer estándares mínimos comunes, y finalmente la relevancia de disponer de información interoperable para supervisar a las empresas. Bajo este respecto, si bien en un contexto político diferente al chileno, permite señalar que la importancia de generar elementos de coordinación institucional resulta, por tanto, tan importante como la arquitectura formal del sistema.

3.3 Perú.

El marco jurídico fundamental que regula los servicios de seguridad privada en el Perú, es el Decreto Legislativo N.º 1213 y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N.º 005-2023-IN. Este marco establece disposiciones sobre la prestación de servicios de seguridad privada y contempla procedimientos de supervisión y sanción dentro del ámbito de competencia de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, conocida como SUCAMEC.

Este órgano representa un modelo de supervisión especializada que reúne competencias relacionadas con los servicios de seguridad privada y otras materias de control de armas y materiales regulados. Sin embargo, la amplitud de las competencias institucionales también exige evaluar la distribución de recursos, la especialización técnica y la capacidad de respuesta ante las necesidades particulares del sector.

El caso peruano, muestra que la regulación debe buscar un equilibrio entre control y proporcionalidad: los requisitos administrativos han de ser suficientes para prevenir riesgos, pero no deben generar cargas injustificadas o contrarias al ordenamiento jurídico. Una regulación eficaz no es aquella que acumula más requisitos, sino aquella que establece exigencias justificadas, verificables y proporcionales a los riesgos.

4. Hallazgos y análisis de los casos latinoamericanos: hacia la conformación de un modelo de gobernanza de la seguridad privada en Chile

Los resultados de la comparación con los casos de análisis desarrollados en el presente artículo permiten sostener que Chile enfrenta un desafío que va más allá de la actualización de su legislación: la necesidad de conformar y consolidar un modelo de gobernanza que articule la regulación estatal y la prestación privada de servicios.

A partir de los casos estudiados, se identifican cinco desafíos estratégicos.

4.1. Fortalecer la capacidad de regulación.

La primera prioridad consiste en consolidar las capacidades administrativas de la autoridad rectora. Lo anterior implica disponer de equipos especializados, procedimientos estandarizados, información actualizada y mecanismos de seguimiento de las empresas y los servicios autorizados. La experiencia colombiana permite examinar la utilidad de concentrar conocimientos técnicos en una institución especializada, mientras que el caso de Perú muestra la importancia de desarrollar procedimientos administrativos claros para implementar y hacer cumplir las normas.

Para Chile, el desafío es fortalecer la capacidad de la Subsecretaría de Prevención del Delito y articular adecuadamente su función rectora con las autoridades fiscalizadoras, lo cual supone reconocer que la regulación es una función permanente del Estado y no una actividad que concluye con la aprobación de una ley.

4.2. Desarrollar un sistema integrado de información.

Una segunda prioridad consiste en mejorar la información disponible sobre el sector de seguridad. Lo anterior requiere conocer, al menos, cuántas empresas operan, qué servicios prestan, dónde desarrollan sus actividades, qué autorizaciones poseen y cuáles son sus antecedentes de cumplimiento normativo.

La disponibilidad de información interoperable puede facilitar la identificación de irregularidades, la planificación de inspecciones y la evaluación de los resultados de la política regulatoria por parte de los órganos competentes.

Se propone avanzar hacia un sistema integrado que permita generar un registro actualizado de empresas y prestadores autorizados, respetando a su vez las normas de protección de datos personales, confidencialidad y seguridad de la información.

4.3. Profundizar la profesionalización del sector.

Finalmente, un tercer desafío se relaciona con la formación y el desempeño profesional. La capacitación de los guardias y vigilantes debe incorporar competencias técnicas, pero también una comprensión clara de sus ámbitos de acción, su legislación aplicable, límites de la actuación y procedimientos de comunicación con las policías.

La identificación de vulnerabilidades, prevención de incidentes, protección de instalaciones y elaboración de procedimientos de seguridad, permitirán la promoción de una cultura institucional de responsabilidad y coordinación entre lo público y lo privado.

Conclusiones

El análisis de la seguridad privada en Chile y su comparación con Colombia, México y Perú permite establecer que la regulación de este sector constituye un desafío relevante para la administración pública contemporánea. La progresiva y creciente expansión de los servicios privados de vigilancia y protección refleja transformaciones en la organización de la seguridad. El Estado ya no es el único actor que participa directamente en su producción, aunque conserva responsabilidades fundamentales en materia de regulación, protección de derechos y garantía del orden público.

Desde esta perspectiva, la seguridad privada debe entenderse como una actividad complementaria de la seguridad pública, sometida a límites legales y mecanismos de supervisión estatal.

En Chile, la Ley N.º 21.659 representa un avance significativo en la sistematización del marco jurídico. Su importancia radica en establecer una regulación orgánica y fortalecer la rectoría pública sobre las actividades de seguridad privada. Sin embargo, la existencia de un marco legal actualizado no garantiza automáticamente una fiscalización eficaz. La implementación requiere capacidades administrativas, procedimientos claros, formación profesional y sistemas de información que permitan verificar el cumplimiento de las obligaciones.

La comparación latinoamericana ofrece aprendizajes referidos a la necesidad de fortalecer la especialización de la supervisión sectorial; los desafíos de coordinación entre autoridades así como la relación entre fiscalización, potestad sancionadora y proporcionalidad administrativa. Estas experiencias no deben trasladarse mecánicamente al caso chileno. Las diferencias institucionales, territoriales y normativas obligan a considerar las condiciones específicas en las que cada sistema funciona.

Finalmente, este análisis comparativo debe llevarnos a concluir que la eficacia de la seguridad privada depende de la capacidad del Estado para gobernar, supervisar y evaluar la actividad, y no solamente de la existencia de empresas autorizadas o de una legislación moderna.

En consecuencia, Chile debería avanzar hacia un modelo de gobernanza que combine regulación basada en riesgos, fiscalización efectiva, profesionalización y evaluación permanente de los resultados.

Referencias bibliográficas

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